La entrada en vigor del capítulo de la nueva legislación laboral que introduce el concepto jurídico del derecho a la desconexión, regulará el uso de las tecnologías de la comunicación fuera de los horarios laborales.

Con esta medida se pretende regularizar las relaciones entre empresas y trabajadores en el terreno laboral e íntimo del uso de teléfonos móviles, correos y mensajerías electrónicas.

De acuerdo con la nueva norma jurídica que entró en vigor el 1 de enero, las empresas de más de 50 empleados deberán negociar acuerdos para reglamentar el uso de las nuevas tecnologías de la comunicación fuera de los horarios laborales. En caso de no llegar a acuerdos válidos, será la empresa la que redacte una carta con las reglas que considere oportunas.

En cualquier caso, la ley no implica la obligación de apagar el móvil profesional al finalizar la jornada laboral, ni el cierre del servidor para envío de correos electrónicos profesionales a partir de una determinada hora.

Se limita a abrir la puerta a una regulación, en principio consensuada, y en función de las necesidades productivas de cada empresa.

Conocida como “ley El Khomri”, por el apellido de la ministra de Trabajo que la promovió, Myriam El Khomri, se justificaban estas regulaciones por considerar que las tecnologías de la información y de la comunicación, “si están mal controladas, pueden tener un impacto para la salud de los asalariados”.

Según un estudio publicado en octubre por el gabinete Eléas, un 37% de los activos utilizan sus herramientas digitales profesionales fuera de los horarios de trabajo y un 62% estaban en favor de una regulación.

La “ley El Khomri” generó un duro enfrentamiento entre enero y julio pasado en la calle entre los sindicatos que la apoyaron (sobre todo la CFDT) y las que la criticaban (CGT y FO esencialmente); y en el Parlamento, entre el Gobierno y una parte de la izquierda (incluidos un grupo de socialistas “rebeldes”).

Pero la polémica no venía por el derecho a la desconexión, que no suscitó controversia, sino porque introduce más flexibilidad laboral y supone un cambio en las reglas de la negociación colectiva, al dar primacía a los acuerdos dentro de la empresa sobre los convenios sectoriales.

Con información de ABC y EFE

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